Moratorias o rebajas en el alquiler para locales de autónomos y pymes

El Gobierno ha aprobado un Decreto Ley con medidas para la hostelería, el turismo y el comercio, que incluye la posibilidad de aplicar moratorias o rebajas en el pago del alquiler de locales no destinados a vivienda en los que autónomos y pymes ejerzan su actividad, siempre que no haya acuerdos previos en este sentido.

La situación es distinta dependiendo si el dueño del local es un gran tenedor, esto es: una empresa, independientemente de sus propiedades; o una persona con más de diez inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados en total. El autónomo o pyme tendrá derecho a una de estas dos opciones: una moratoria en el alquiler de hasta cuatro meses, que se devolverá hasta en dos años y siempre dentro de la duración del contrato; o una rebaja del 50%. El dueño del local será el que tenga la última palabra para decidir entre las dos opciones.

Para que la aplicación de estas medidas sea obligatoria, la actividad debe estar suspendida por medidas aprobadas por las administraciones públicas o, si no es así, haber sufrido una reducción de ingresos del 75% en el mes anterior a la solicitud con respecto a la media mensual del trimestre.

Los autónomos, además, tienen que haber estado de alta en octubre, además, no se podrá exigir si el dueño del local está en concurso de acreedores o está en riesgo de insolvencia.


Tienen hasta el 31 de enero para solicitarlo.


En el caso de que el dueño del local no sea ni una empresa ni un gran tenedor, la cosa cambia: las moratorias o rebajas son voluntarias. Eso sí, la norma incluye una serie de incentivos para propiciarlas: por un lado, permite usar la fianza para cubrir esos gastos; por otro, esa rebaja de la renta se deducirá a la hora de calcular impuestos, siempre que la actividad tenga que ver con comercios, alojamientos, agencias de viajes, peluquerías o reparaciones, entre otros.


Aplazamiento de los impuestos de abril


El Decreto Ley incluye, además, la posibilidad de aplazar las deudas tributarias que cumplen en el mes de abril, para aquellas empresas o autónomos con un volumen de operaciones en 2020 que no supere los seis millones. En esos casos, se permitirá un aplazamiento de seis meses, pero solo los tres primeros serán sin intereses.


Fuente: BOE.

civio.es





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